La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió una investigación para determinar si el edificio de Monteagudo 120, afectado el lunes por una explosión y un posterior incendio, contaba con el certificado de Final de Obra y cumplía con las exigencias administrativas y de seguridad. El siniestro dejó en grave estado al propietario del departamento donde se desató el siniestro, quien este martes falleció, provocó importantes daños en varias viviendas y obligó a evacuar a más de 60 residentes.

La Dirección de Catastro municipal comenzó a revisar los antecedentes del inmueble, mientras avanzan las pericias para establecer el origen de la explosión. La principal hipótesis apunta a una fuga de gas, pero las autoridades todavía no confirmaron la causa.

La pesquisa administrativa deberá determinar si el edificio estaba formalmente habilitado, si las instalaciones de gas y de los demás servicios se encontraban en condiciones y si la obra había sido terminada conforme al proyecto autorizado por el municipio.

El certificado de Final de Obra es el documento que acredita que una construcción fue ejecutada de acuerdo con los planos aprobados y con los requisitos técnicos y normativos vigentes. Su existencia resulta necesaria para verificar la regularidad edilicia del inmueble.

Las primeras inspecciones aportaron un dato favorable: en principio, la estructura general no presenta daños que comprometan su estabilidad. Esa evaluación preliminar, sin embargo, no cierra el análisis ni habilita por sí sola el regreso de los residentes.

Rubén Fernández, director de Defensa Civil municipal, explicó que durante las horas posteriores al incendio los equipos se concentraron en atender las urgencias, asistir a las personas afectadas y garantizar la seguridad en el lugar.

El funcionario indicó que durante el operativo observó elementos de protección contra incendios que permitieron una respuesta inicial antes de la intervención de Bomberos.

“Observé que contaba con las medidas de seguridad y eso permitió una primera intervención hasta que trabajó Bomberos”, señaló Fernández.

Entre los dispositivos mencionó nichos hidrantes, mangueras y otros elementos destinados a facilitar el combate inicial del fuego. La presencia de esos equipos será uno de los aspectos considerados dentro de la revisión integral.

La explosión volvió a instalar el debate sobre los edificios habitados sin la documentación definitiva correspondiente. Un relevamiento efectuado en 2018 había detectado al menos 31 inmuebles ocupados sin habilitación dentro de un universo de más de 600 construcciones existentes en San Miguel de Tucumán.

Algunos de esos edificios llevaban varios años habitados. En aquel momento, concejales advirtieron sobre situaciones consideradas críticas, como la presencia de garrafas en pasillos y la utilización de medidores provisorios “de obra” para los servicios de agua y electricidad.

Esas condiciones representaban riesgos para los residentes y motivaron diferentes procesos de regularización, según señalaron referentes del sector.

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, afirmó que actualmente la entidad no registra denuncias sobre edificios que funcionen de manera irregular.

Garber explicó que, desde el comienzo de la actual gestión municipal, la Cámara fue convocada para colaborar con la regularización de distintas situaciones administrativas.

“Notificamos a los socios de nuestra cámara, pero no encontramos casos de edificios que no estuvieran en regla”, sostuvo.

La situación particular del inmueble de Monteagudo 120 dependerá ahora de la documentación que reúna Catastro y del resultado de las inspecciones técnicas. En paralelo, los peritajes deberán establecer dónde se originó la presunta pérdida de gas, en qué condiciones se encontraban las instalaciones y qué provocó finalmente la explosión.