Los incendios forestales han dejado de ser un problema estacional para convertirse, ésta sí, en una auténtica prioridad nacional. Ya no hablamos solo de veranos más calurosos o de campañas de extinción cada vez más complejas. "Fuera de capacidad de extinción", aunque no es un término nuevo, ha ganado mucha relevancia pública en estos días, ante la virulencia de los grandes incendios forestales que estamos viviendo. Hablamos, por tanto, de una emergencia climática permanente que pone en riesgo vidas humanas, destruye nuestro patrimonio natural, arrasa economías locales y amenaza el futuro de miles de municipios. Por ello, resulta evidente ante los dramáticos resultados, que la respuesta no puede seguir siendo coyuntural, ni depender del color político del gobierno de turno. España necesita un gran Pacto de Estado contra los incendios forestales, y lo necesita ya. La magnitud del desafío exige abandonar la confrontación partidista. El fuego no entiende de fronteras autonómicas, ni de competencias ni de calendarios electorales. Las consecuencias de incendios como los que vivimos estos días afectan a todo y a todos: a nuestra biodiversidad en primer lugar, pero también a los recursos hídricos, a la agricultura, la ganadería, el turismo y, por supuesto, la seguridad de los vecinos y vecinas que se ven directamente afectados. Por eso, la política tampoco debería entender de fronteras cuando está en juego un interés nacional de esta dimensión. Necesitamos con urgencia ese Pacto de Estado para dotar a España de una estrategia estable y duradera en prevención, gestión forestal, extinción y recuperación ambiental. Lograrlo significaría garantizar inversiones, reforzar la coordinación entre administraciones, unificar protocolos, mejorar las condiciones laborales de los bomberos y agentes forestales y, sobre todo, primar el criterio científico y no el político en la planificación. En definitiva, convertir la política forestal en una verdadera política de país. El Partido Socialista sabe de lo que habla. Los grandes consensos de Estado en nuestra historia democrática siempre han estado liderados por el PSOE. Ha ocurrido desde el Gobierno y también desde la oposición. Fueron gobiernos socialistas los que impulsaron pactos de Estado para reformas constitucionales de enorme trascendencia, como la modificación del artículo 135 de la Constitución (2011) para garantizar la estabilidad presupuestaria o, más recientemente, la reforma del artículo 49 (2024), que eliminó el término "disminuidos" de la Constitución mediante un amplio acuerdo parlamentario. Pero también desde la oposición el PSOE ha demostrado esa capacidad de anteponer el interés general. Baste citar como ejemplos el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo (2000), el Pacto Antiyihadista (2015), que nació de una iniciativa socialista impulsada por Pedro Sánchez, o el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017). Todos ellos fueron fruto del impulso del PSOE y de su compromiso siempre con el interés general, así como del sentido de Estado que las fuerzas políticas que los suscribieron demostraron entonces. Ese mismo sentido de Estado debe trasladarse ahora a la lucha contra los incendios forestales. Frente a esa voluntad de acuerdo, algunas administraciones gobernadas por el Partido Popular han protagonizado decisiones que han generado una intensa controversia sobre la gestión de las emergencias y de los servicios públicos encargados de afrontarlas. En Castilla y León, durante los incendios del pasado verano, organizaciones sindicales y colectivos profesionales denunciaron la insuficiencia de medios estructurales y la necesidad de reforzar el operativo durante todo el año. En la Comunidad de Madrid, los sucesivos conflictos con los bomberos forestales han puesto de manifiesto las consecuencias de la falta de personal y medios en los servicios forestales de extinción, un servicio esencial precisamente cuando el riesgo de incendios aumenta como consecuencia del cambio climático. Y tampoco ayuda, en este contexto, cualquier planteamiento negacionista que suponga debilitar instrumentos de coordinación y respuesta como sucedió con la Unidad Militar de Emergencias valenciana, que tan útil hubiera sido en la tragedia de la dana. El cambio climático obliga a repensar las políticas públicas. No basta con reaccionar cuando el fuego ya está descontrolado. Es imprescindible invertir en prevención, gestionar adecuadamente los montes, fijar población en el medio rural, profesionalizar los dispositivos de emergencia y asegurar una coordinación permanente entre todas las administraciones. Y creo que, si hay voluntad política por parte de Alberto Núñez Feijóo, en ese marco nos podríamos encontrar de nuevo la mayor parte del arco parlamentario. España necesita elevar la protección de su patrimonio natural a la categoría de política de Estado. Porque si los incendios forestales no distinguen entre votantes de un partido u otro, tampoco deberían hacerlo las soluciones. Proponer un Pacto de Estado contra los incendios forestales, como el que reclama el presidente Sánchez, no responde a una estrategia de coyuntura. Es la continuidad de una forma de entender la política basada en el diálogo, la responsabilidad institucional y la búsqueda de consensos duraderos. Es la misma tradición que ha permitido alcanzar algunos de los acuerdos más importantes de nuestra democracia. Cuando están en juego la vida de las personas, la seguridad de nuestros pueblos y el futuro de nuestros bosques, la política debe estar a la altura. Y la altura de miras comienza por entender que proteger España frente a las emergencias climáticas exige unidad, liderazgo y sentido de Estado.