La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N.º 1 del Centro Judicial Capital abrió una investigación penal contra un empleado de una empresa de servicios fúnebres, acusado de haber falsificado un documento privado que fue presentado ante el Registro Civil de Tafí Viejo para gestionar la inscripción de una defunción. La maniobra, según la denuncia, derivó en errores sustanciales en el acta de fallecimiento de un hombre y provocó graves perjuicios económicos y de salud para su familia.
La investigación es encabezada por el fiscal Diego López Ávila y se inició a partir de la denuncia presentada por la hija del fallecido, con el patrocinio de la abogada Agustina Mitre. La mujer sostuvo que la empresa confeccionó una autorización privada con su firma presuntamente adulterada y la utilizó para realizar el trámite registral sin su consentimiento.
De acuerdo con la presentación judicial, todo comenzó tras el fallecimiento del hombre en una clínica privada. La familia recurrió a la empresa fúnebre, cuyo servicio se encontraba contratado mediante débito automático. Durante la madrugada del 26 de enero, personal de la firma retiró el Documento Nacional de Identidad original del fallecido con el compromiso de gestionar la inscripción de la defunción.
La denunciante afirmó bajo juramento que nunca firmó autorización, formulario, declaración jurada ni ningún otro documento relacionado con ese trámite. Sin embargo, según la acusación, la cochería confeccionó un formulario interno con membrete de la empresa utilizando sus datos personales y una firma que, asegura, fue falsificada.
La apertura formal de la investigación quedó plasmada en un decreto firmado por la auxiliar fiscal Emely Lucía Rafael. Allí se sostiene que, entre el 25 y el 27 de enero de 2025, el empleado investigado habría confeccionado o participado en la elaboración de un documento privado falso.
Según la resolución, ese instrumento contenía importantes omisiones respecto de los datos personales del fallecido, ya que consignaba como "se ignora" su estado civil y omitía la filiación correspondiente a sus padres.
La investigación sostiene además que el 27 de enero el documento presuntamente apócrifo fue presentado ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tafí Viejo para promover la inscripción de la defunción, induciendo al funcionario interviniente a confeccionar el acta respectiva, la cual, además, fue asentada con el año "2024".
La maniobra fue descubierta cuando la hija del fallecido concurrió personalmente al Registro Civil para verificar la documentación y reconoció que tanto su firma como sus datos personales habían sido falsificados en la autorización utilizada para concretar el trámite.
Como consecuencia de las irregularidades detectadas, debió iniciarse un expediente administrativo destinado a rectificar el acta de defunción. El procedimiento exigió la presentación de partidas de matrimonio y de nacimiento y recién concluyó a fines de mayo de 2025.
La denuncia también detalla el perjuicio patrimonial ocasionado por la inscripción errónea. Al figurar el estado civil del fallecido como desconocido, la viuda no pudo acceder durante cuatro meses al cobro de la pensión derivada de la jubilación de su esposo, que constituía el único ingreso económico del grupo familiar.
Según el escrito presentado ante la Justicia, esa situación tuvo además severas consecuencias para la salud de la mujer. Al verse privada de recursos económicos, redujo de manera drástica su alimentación e hidratación, lo que derivó en un cuadro de deshidratación y desnutrición que motivó una internación de diez días durante abril de 2025. El cuadro se agravó con una descompensación psiquiátrica.
Desde el punto de vista jurídico, la querella sostiene que la conducta investigada podría encuadrarse en un concurso real entre los delitos de falsificación de instrumento privado y uso de documento falso. En ese sentido, remarca que la legislación penal protege la autenticidad de los documentos privados por la confianza depositada en que las declaraciones que contienen provienen realmente de la persona a la que se atribuyen.
Asimismo, la parte denunciante solicitó que la investigación se amplíe para determinar eventuales responsabilidades funcionales dentro de la empresa de servicios fúnebres, incluyendo a los responsables del área correspondiente, con el objetivo de establecer si la utilización de documentación presuntamente falsa constituía una práctica habitual para agilizar trámites ante el Registro Civil.
En paralelo, la Fiscalía notificó formalmente al empleado investigado sobre los hechos que se le atribuyen y sobre los derechos que le asisten durante el proceso. Además, le otorgó un plazo de cinco días para que, si lo considera pertinente, proponga alguna de las salidas alternativas previstas por la legislación procesal penal.
