El Gobierno de Tucumán dispuso la exoneración definitiva del preceptor José René Moyano, quien había sido condenado por la Justicia provincial a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple, doblemente agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima. La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 1.458/5 (MEd), publicado en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

La decisión pone fin al sumario administrativo iniciado por el Ministerio de Educación en octubre de 2024, luego de la denuncia por un hecho ocurrido en la Escuela Secundaria "José Mariano Gómez", de la ciudad de Lules, donde Moyano se desempeñaba como preceptor.

Según el decreto, durante la investigación se incorporó como prueba principal la sentencia condenatoria dictada el 29 de mayo de 2024 en la causa penal. A partir de ello, se concluyó que el agente incumplió gravemente los deberes inherentes a la función docente, al vulnerar las obligaciones de conducta, responsabilidad y protección que exige el cargo.

La exoneración, la sanción más severa prevista por el Estatuto del Docente (Ley Nº 3.470), fue recomendada por los instructores del sumario y contó con el aval de la Fiscalía de Estado.

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo provincial sostuvo que la medida busca resguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, en línea con lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial Nº 8.293 de protección integral de derechos.

Además de la destitución, el decreto ordena notificar la decisión a las Juntas de Clasificación Docente y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, lo que implica que Moyano queda inhabilitado para reingresar al sistema educativo tucumano, ya sea como titular, interino o suplente.

El preceptor había sido separado preventivamente de sus funciones al iniciarse el sumario administrativo. Si bien posteriormente recuperó el cobro de haberes tras un recurso presentado por su defensa, nunca volvió a desempeñar tareas en el establecimiento educativo mientras avanzaba la investigación.

La exoneración se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno provincial contra integrantes del sistema educativo involucrados en delitos de índole sexual, en el marco de una política de apartamiento definitivo de quienes reciben condenas por este tipo de hechos.