Una presunta estafa millonaria que habría utilizado al negocio del azúcar como fachada quedó bajo la lupa de la Justicia Federal luego de que nueve personas denunciaran haber sido engañadas por más de $740 millones mediante un supuesto sistema de inversiones que prometía ganancias extraordinarias. Los investigadores consideran que la maniobra podría ser mucho más amplia y los abogados de los damnificados aseguran que en los próximos días podrían aparecer nuevas víctimas.
El principal acusado es Diego Gerardo Ovejero, quien, según surge de las denuncias incorporadas al expediente, durante al menos tres años habría captado dinero de particulares ofreciendo participar de un supuesto negocio de compra y venta de azúcar a gran escala. La propuesta resultaba especialmente atractiva porque prometía rentabilidades mensuales de entre el 12% y el 15%, porcentajes muy superiores a los que ofrecía el mercado financiero tradicional.
La modalidad, según los denunciantes, estaba cuidadosamente diseñada para generar confianza. Ovejero aseguraba tener una fuerte presencia dentro del sector azucarero y afirmaba contar con vínculos comerciales con importantes actores de la industria. Explicaba que compraba grandes cantidades de azúcar directamente a ingenios o intermediarios para luego revenderlas obteniendo importantes márgenes de ganancia, beneficios que compartía con quienes aportaban el capital.
El esquema parecía sólido. Los inversores firmaban contratos privados, recibían pagarés, reconocimientos de deuda e incluso títulos de vehículos como garantía de devolución del dinero. Dependiendo del monto invertido y de si el aporte era realizado en pesos o dólares, se pactaban diferentes niveles de rentabilidad.
Para reforzar aún más la credibilidad del negocio, el acusado enviaba de manera frecuente fotografías y videos de supuestos cargamentos de azúcar, imágenes que mostraban camiones completos, depósitos y movimientos comerciales que buscaban convencer a los inversores de que las operaciones realmente existían. Esa puesta en escena resultó determinante para que muchas personas decidieran entregar importantes sumas de dinero.
Pero la estrategia no terminaba allí. Según relataron las víctimas, durante los primeros meses el empresario cumplía puntualmente con el pago de los intereses acordados. Esa conducta generaba una sensación de seguridad entre quienes habían invertido y hacía que ellos mismos recomendaran el negocio a familiares, amigos y conocidos, convencidos de que se trataba de una oportunidad excepcional.
Precisamente ese mecanismo constituye uno de los aspectos que ahora analiza la Justicia. Los denunciantes sostienen que los primeros pagos no respondían a la existencia de un negocio rentable, sino que formaban parte de una estrategia para captar cada vez más inversores y obtener mayores cantidades de dinero.
Con el paso del tiempo comenzaron los incumplimientos. Primero aparecieron pequeñas demoras en los pagos, luego excusas vinculadas con dificultades comerciales y finalmente el cese total de las devoluciones prometidas. A partir de ese momento, quienes reclamaban el dinero comenzaron a encontrarse con nuevas promesas que nunca se concretaban.
Cuando la presión de los acreedores aumentó y las denuncias empezaron a multiplicarse, el acusado habría intentado negociar acuerdos particulares con cada una de las víctimas para evitar el avance de las causas judiciales. En algunos casos firmó compromisos de pago en escribanías y en otros aceptó presentarse ante el Ministerio Público Fiscal para establecer cronogramas de devolución del dinero.
Sin embargo, según denunciaron los damnificados, esos compromisos tampoco fueron cumplidos.
A medida que la situación se agravaba comenzaron a detectarse nuevas maniobras. De acuerdo con las presentaciones judiciales, Ovejero entregó cheques sin fondos y otros que, presuntamente, carecían de respaldo suficiente para ser cobrados. Varios acreedores descubrieron esa situación recién cuando intentaron depositarlos y fueron rechazados por las entidades bancarias.
Las denuncias también describen otra modalidad que llamó especialmente la atención de los investigadores. Ante la imposibilidad de devolver el dinero, el acusado ofrecía vehículos como forma de cancelar parcialmente las deudas. Sin embargo, algunos de esos automóviles ya habían sido prometidos a otros damnificados.
Incluso se detectaron casos en los que un mismo formulario 08 correspondiente a un vehículo habría sido entregado a distintas personas como garantía de pago, una situación que terminó por derrumbar la confianza de quienes todavía esperaban recuperar el dinero invertido.
Otra de las maniobras denunciadas consistía en citar a los acreedores en entidades bancarias con la promesa de entregar efectivo para cancelar parte de la deuda. Las víctimas concurrían al lugar acordado, pero el empresario nunca aparecía o suspendía el encuentro a último momento, prolongando indefinidamente la resolución del conflicto.
Los representantes legales de los damnificados sostienen que todas estas conductas forman parte de un único esquema destinado a ganar tiempo y evitar nuevas denuncias penales.
Durante la investigación también surgieron indicios sobre la existencia de distintas sociedades comerciales que habrían sido utilizadas para canalizar las operaciones. Entre ellas aparecen Food Trading Dos SAS, El Marqués SAS y Bellamar Estancias, firmas que ahora serán objeto de un análisis patrimonial y financiero para determinar cuál fue su verdadera participación dentro de la operatoria denunciada.
Después de más de seis meses de investigación, el Ministerio Público Fiscal concluyó que el expediente excedía ampliamente un simple incumplimiento contractual entre particulares.
Tras analizar la documentación aportada, tomar declaración a los denunciantes y requerir distintos informes a organismos públicos, el fiscal entendió que podrían existir delitos cuya investigación corresponde al ámbito federal.
Ese planteo fue aceptado por el juez que intervenía en la causa, quien resolvió declarar la incompetencia de la Justicia provincial y remitir el expediente al fuero federal.
En la resolución se sostuvo que los elementos reunidos hasta el momento permiten advertir, de manera preliminar, la existencia de un mecanismo sistemático y habitual de captación de fondos provenientes del público bajo promesas de rentabilidad fija, una operatoria que podría encuadrarse como intermediación financiera no autorizada, delito que protege el sistema financiero nacional.
Pero la investigación podría ir mucho más allá.
Los magistrados también consideraron que existen indicios suficientes para analizar si hubo lavado de activos, debido al movimiento de importantes sumas de dinero a través de distintas sociedades comerciales, y posibles hechos de evasión tributaria, teniendo en cuenta la aparente falta de registración y documentación respaldatoria de numerosas operaciones.
Para la Justicia, el daño económico no se limitaría únicamente a quienes denunciaron haber perdido su dinero, sino que las maniobras investigadas podrían afectar el orden económico y financiero nacional, motivo por el cual corresponde la intervención de la Justicia Federal.
Ahora comenzará una nueva etapa procesal. Los fiscales federales deberán determinar el verdadero alcance del supuesto fraude, reconstruir el recorrido del dinero recibido, analizar las cuentas bancarias y los movimientos financieros, verificar el patrimonio del acusado, estudiar el funcionamiento de las sociedades involucradas y establecer si existieron otras personas que participaron en la operatoria.
También buscarán determinar si realmente existieron las operaciones comerciales con azúcar que se utilizaban para justificar las inversiones o si todo formaba parte de una estructura destinada exclusivamente a captar fondos de nuevos inversores.
Mientras tanto, los abogados que representan a las víctimas aseguran que el expediente recién comienza y estiman que el monto del perjuicio económico podría incrementarse significativamente en las próximas semanas. Afirman que todavía hay numerosas personas que no realizaron denuncias porque continúan esperando recuperar el dinero entregado o porque hasta hace poco seguían confiando en las promesas de pago del acusado.
Con la causa ya encaminada hacia la Justicia Federal, la investigación intentará determinar si detrás de las denuncias existió una simple estafa reiterada o un complejo sistema de captación ilegal de fondos con ramificaciones financieras y societarias que podría involucrar delitos mucho más graves que los inicialmente denunciados.
